Columna publicada el 11 de noviembre de 2014 en Sin Embargo.
Vengo de un país donde, desde hace muchos años, las desapariciones y masacres son cosa de todos los días. Colombia tiene el conflicto armado interno más largo de América y semanalmente tenemos nuestra dosis de fosas comunes, ejecuciones extrajudiciales y crímenes de Estado. Los ciudadanos estamos anestesiados frente a los titulares violentos y los medios de comunicación, con igual talento para el cinismo y la poesía, han inventado los eufemismos más sonoros para referirse al crimen y al dolor. Llamamos “Casas de pique” a los lugares en donde pican (parten en pedazos) a las personas en la orilla del puerto de Buenaventura y “Paseo millonario” al secuestro express del que alguien puede ser víctima al tomar un taxi en la calle: te golpean, te pasean por los cajeros automáticos y te dejan tirado en una zanja. Para mí, como para muchos colombianos, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa significa revivir nuestro eufemismo más macabro: los “Falsos Positivos”.
En septiembre de 2008, 17 madres del municipio de Soacha, en la frontera sur de la ciudad de Bogotá, recibieron los cadáveres de sus hijos. Todos habían desaparecido el primer semestre de ese año, y “aparecieron” como “muertos en combate” cerca del municipio de Ocaña a 12 horas, 732 kilómetros al nororiente de la capital colombiana. El gobierno recibía apoyo económico estadounidense en el marco del Plan Colombia y debía mostrar resultados. (Los efectos de esta ayuda se pueden leer con más detalle en el informe “Falsos Positivos” en Colombia y el papel de asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010, realizado por el Movimiento de Reconciliación (FOR) Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos CCEEUU) . Estos cadáveres eran parte de sus “indicadores de logro” en la “lucha contra la guerrilla” (y de paso contra el narcotráfico), y a cambio, los militares recibieron dinero, y una carta de felicitación de sus superiores. Según los registros del ejército, los jóvenes eran guerrilleros, guerrilleros que usaban botas nuevas y ropa que no coincidía con sus tallas. Sus madres reclamaron por el evidente asesinato de sus hijos. Uno de ellos Fair Leonardo Porras, era un joven de 26 años con una discapacidad que equiparaba su edad mental a la de un niño de 10 años, era evidente que no era guerrillero.
El hermano de uno de estos jóvenes intentó indagar por lo ocurrido y “murió en un tiroteo”. Las madres, que hasta el día de hoy se reúnen el último viernes de cada mes en la plaza del municipio, no han recibido respuestas conclusivas ni reconocimiento, pero sí amenazas de muerte. El Fiscal dijo que eran guerrilleros, el presidente Uribe, inventor de la “Seguridad Democrática” que el General Naranjo ha venido a vender a México, dijo que los jóvenes “no estarían recogiendo café” es decir, que por algo los mataron. El ministro de defensa de entonces, Juan Manuel Santos, hoy es presidente.
La queja de las madres de Soacha destapó una olla podrida en la que estos asesinatos eran apenas la punta del iceberg. Se calcula que entre 2002 y 2010 hubo más de 4500 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo el escándalo apenas provocó la destitución administrativa (no castigo penal) de 27 militares, entre ellos tres generales y once coroneles. En enero de 2010 liberaron a 31 soldados por vencimiento de términos. Tras la liberación les dieron un retiro de una semana en la Escuela de Artillería, apoyo psicológico, una misa y aromaterapia. Todo esto pagado con los impuestos de los colombianos. Solo 294 expedientes han llegado a juicio y la mayoría espera sentencia. La primera ocurrió hace apenas un año, para el caso de Fair Leonardo Porras, y declaró que el caso es un crimen de lesa humanidad que hace parte de “un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, y con conocimientos de dicho ataque”. Otra sentencia ocurrió este año, que condena a 53 años de cárcel a cinco militares implicados en el crimen. Sin embargo, el 95% de estos crímenes de Estado siguen sin sentencia y las investigaciones están dirigidas a militares de bajo rango.
La práctica del terrorismo de Estado es una constante en la historia de Colombia y se ha perfeccionado a tal punto que convive con las políticas estatales. Su sofisticación consiste en que ha construido un “enemigo interno” que somos nosotros, los ciudadanos, la población civil. En sus inicios, quienes eran objeto de la barbarie del Estado eran los opositores políticos pero esto aumentó hasta cobijarnos a todos. Sin embargo, la legitimidad del Estado colombiano se sostiene, a punta del encubrimiento sistemático de estos crímenes. Esto incluye desde medidas legislativas que facilitaron la comisión de crímenes de lesa humanidad hasta trabas administrativas que imposibilitan la administración de justicia. La impunidad es política de estado y el incumplimiento sistemático al investigar, sancionar y reparar hace que se mantenga el modelo social impuesto por los victimarios.
Bajo la política de Seguridad Democrática, esa misma que los uribistas han venido a vender a México con el cuento de que ya acabamos con el narcotráfico y que en Colombia todo es paz y alegría, aumentaron en un 67.71% las ejecuciones extrajudiciales; los crímenes de Estado. Este dato sale del informe Soacha: la punta del iceberg, Falsos Positivos e impunidad, realizado por la fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes). Es una política que se basa en poner en las fuerzas coercitivas del Estado todo el poder para derrotar a las organizaciones al margen de la ley y restringir las libertades y los derechos fundamentales. Cuando Murillo Karam dice que si el ejército hubiera intervenido habría sido a favor de la policía, que perseguía estudiantes, está diciendo precisamente eso. El éxito de la política de Seguridad Democrática tiene como aliciente la muerte violenta e indiscriminada y se vale de muertos, capturas y desmovilizaciones para demostrar su efectividad.
La investigación de los mal llamado “Falsos Positivos”, no se orientó hacia los funcionarios públicos como sujetos activos del delito. Durante la investigación no hubo acatamientos de denuncias por desaparición forzada por parte de la Fiscalía, que en un comienzo le contestó a las madres que sus hijos se habían ido de fiesta, es decir, que eran unas histéricas. La inspección del lugar de los hechos y de los cadáveres no siguió protocolos internacionales y hubo, como en el caso de Ayotzinapa, un retraso injustificado de las investigaciones. La destitución de los 27 militares fue una medida administrativa que en sí no constituye un mecanismo judicial efectivo que determine responsabilidades penales. Las destituciones respondieron a un reclamo social, pero no a las necesidades de las víctimas.
El conflicto ha constituido la identidad nacional en Colombia y por eso “eliminar al enemigo” es para gran parte de la sociedad el recurso para fortalecer la instituciones y garantizar la seguridad y el control social. Así se naturalizan las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones de derechos humanos sobre todo cuando son contra los más pobres, quienes viven en poblaciones rurales o en las afueras de la ciudad, donde no llegan ni el dinero, ni el “progreso”, ni los medios de comunicación. También ha permitido mecanismos sociales para garantizar la impunidad basados en medios para desmentir, ignorar y acallar los crímenes: atribuir la responsabilidad a la víctima o que los medios de comunicación se conviertan en replicadores de la voluntad estatal, usando la expresión “Falsos Positivos” para darle un aura técnica a unos asesinatos a sangre fría.
Como es evidente nuestros gobernantes son y llevan mucho tiempo siendo una verdadera mierda, y decir que nuestra democracia es la más antigua de América es una broma cruel e inmensa que se ha sostenido a punta de silencios y apariencias. En Colombia, uno puede encontrarse con que alguien diga, en una cena cualquiera, familiar, incluso, que “hay que matar a todos esos hijueputas guerrilleros” como si fueran orcos, como si no fueran colombianos. Fue ese afán por “matar a la guerrilla” lo que justificó socialmente los crímenes de Soacha y todos los miles que se descubrieron después: 4716 según la ONU ¡4716!, y 3796 casos documentados por la Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Los colombianos no nos sabemos estos números de memoria y nunca ¡nunca! dijimos que “los jóvenes de Soacha somos todos”. Ellos eran ellos, eran otros, la sociedad civil estuvo desvinculada. Los jóvenes de Soacha nunca nos faltaron.
Es cierto que nuestra guerrilla es perversa, pero también hay que decir que es una guerrilla que existe por razones complejas en las que el Estado, los ciudadanos, y todos los gobiernos desde los años 50 tienen responsabilidad. Quizás el mayor daño que le hizo la guerrilla a Colombia fue ser la excusa perfecta para estigmatizar del todo la protesta social. Es con la excusa de la guerrilla que se logró construir eficientemente ese “enemigo interno” que somos toda la población civil. En Colombia la gente no marcha, no protesta, por miedo a que le digan “guerrillero”, y los gobiernos, el Estado, los paramilitares, los narcotraficantes y hasta la misma guerrilla se aprovechan de una población que no hace veeduría a su “democracia” porque tiene miedo de quejarse.
Para algunos de colombianos que vivimos en México, o que estamos cercanos a este país de alguna manera (o al menos para mí) ver a Peña Nieto ocupado con sus empresarios y planeando un viaje a la China y a un Procurador exasperado por responder las preguntas que por definición de su cargo debe responder, abre una herida dormida (cerrada nunca) hecha de impunidad injusticia e impotencia. Otros colombianos, los mismos que vinieron a México a vender humo, a decirles que la Seguridad Democrática funcionó, les dirán que los estudiantes son un daño colateral. Después de todo esa tal seguridad está construida sobre el cimiento de fosas comunes que aún permanecen impunes, y bajo la premisa de que quien porta un uniforme está justificado para matar, torturar y desaparecer.
En ese contexto, siento un profundo respeto por la sociedad mexicana que aún marcha, que sale a las calles, que exige. Reclamar con vida a los 43 estudiantes de Ayotzinapa no es una esperanza ingenua, es un acto de resistencia. Es no resolvérsela fácil a un Estado y gobierno incompetentes y desentendidos. Quienes dicen que las marchas y la presión ciudadana no sirven, lo hacen con la esperanza de tener un pueblo manso y cansado, para el que los crímenes de Estado son simplemente ruido que incomoda su vida cotidiana. La desesperanza y el fatalismo se presentan cuando la justicia se percibe como deseable, pero irrealizable, y entonces las posibilidades de acción se diluyen y esos efectos favorecen a la impunidad y a la violación de derechos humanos.
Marchar no es inútil ni ingenuo. Marchar disminuye los sentimientos de marginación, exclusión y minusvalía. Cuestionar la universalidad el discurso oficial, desmontar los discursos ideológicos dominantes que justifican y legitiman las ejecuciones extrajudiciales contribuyen a la reconstrucción del sentido de justicia. Protestar es participar en un proceso de reivindicación de las víctimas y tal vez la única manera de exigir la garantía y protección de sus derechos.
El caso de los “Falsos Positivos” y el de las desapariciones de Ayotzinapa suceden en un contexto de guerra contra las drogas cuyo argumento hace que se justifique cualquier tipo de violencia, una guerra que no es contra las drogas, es contra los ciudadanos. Así, se ve más el humo de una puerta que se quema por cinco minutos que el de un grupo de personas (que pueden ser o no los 43) quemados por 15 horas. La colombianización no es el narco, es la indolencia de los ciudadanos. Por eso, hay que marchar hasta que regresen. Y si no regresan nunca, hay que marchar siempre.
Catalinapordiós 